Alcobendas refuerza la protección de la propiedad privada con su nueva Oficina Antiocupación
La alcaldesa de Alcobendas, Rocío García Alcántara, ha presentado la nueva Oficina y el Protocolo Antiocupación en un acto institucional celebrado junto al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, considerado uno de los referentes nacionales en la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas. La iniciativa nace con la vocación de proteger la propiedad privada y agilizar los trámites necesarios para recuperar inmuebles ocupados de forma ilegal, consolidando así una línea de actuación basada en la firmeza y la seguridad jurídica.
La nueva oficina funcionará como centro especializado de asesoramiento, mediación y coordinación de recursos ante situaciones de allanamiento o usurpación. Según subrayó la alcaldesa, el mensaje es claro para los delincuentes y los okupas profesionales: en la ciudad se respeta la propiedad privada. García Alcántara recordó que, desde su llegada a la alcaldía, trasladó directrices de firmeza y “mano dura” a la Policía Local, una línea que ahora se ve reforzada con este nuevo recurso municipal.
Por su parte, Xavier García Albiol insistió en que se trata de una medida alejada de planteamientos ideológicos. En sus palabras, no es una cuestión de derechas o izquierdas, sino una respuesta a un problema real que pueden sufrir los ciudadanos. La ocupación es un delito y, como tal, debe prevenirse y combatirse.
Los resultados obtenidos en los últimos años respaldan esta estrategia. Desde junio de 2023, la Policía Local ha colaborado en la liberación de 216 viviendas ocupadas que han sido devueltas a sus legítimos propietarios. Noventa de ellas se recuperaron en 2023, ochenta y tres en 2024 y cuarenta y tres en 2025, lo que representa el 80% de las ocupaciones ilegales registradas en la ciudad.
El mayor desalojo de la actual legislatura se produjo en la calle Francisco Largo Caballero, donde se recuperaron 64 viviendas que llevaban una década ocupadas y cuya situación había generado un notable deterioro de la convivencia y un incremento de la delincuencia en la zona. También se actuó en la calle Fuego, con el desalojo de ocho viviendas que permanecieron ocupadas durante dos años antes de concederse las licencias de primera ocupación, y en la calle Pablo Picasso, donde se liberaron nueve viviendas pertenecientes a IVIMA y SOGEPIMA destinadas a alquileres a bajo coste. Todas estas actuaciones han sido posibles gracias al trabajo coordinado entre Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil.
La Oficina Antiocupación contará con un presupuesto anual de 72.615 euros y estará ubicada en la Base de la Policía Local del Distrito Centro. Atendida por una psicóloga y una letrada, ofrecerá asesoramiento en prevención de la ocupación ilegal, orientación sobre estrategias para evitar daños, asistencia psicológica y jurídica gratuita, así como un acompañamiento permanente para anticiparse a posibles casos y reforzar la protección de las viviendas desde el primer momento. Además, asumirá la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para agilizar la resolución de las ocupaciones dentro del marco legislativo, trabajando de manera directa con los 225 agentes que integran la plantilla de la Policía Local.
Durante su intervención, la alcaldesa repasó otras actuaciones impulsadas para que la ciudad continúe siendo un referente de seguridad y convivencia. Destacó el refuerzo de las inspecciones en locales de ocio nocturno que incumplen la normativa y generan problemas de seguridad o molestias vecinales, lo que ha derivado en sanciones y cierres de varias discotecas en el Distrito Centro. También se ha intensificado la presión frente a los grafitis y el deterioro del mobiliario urbano, y el programa específico de detección de pintadas ha permitido resolver ya más de cien infracciones en la vía pública.
En paralelo, el Ayuntamiento ha destinado más de ocho millones de euros a mejorar la convivencia, la confianza y la seguridad de los vecinos. Esta inversión ha permitido incorporar cincuenta nuevos agentes a la Policía Local —la oferta pública más numerosa de su historia—, acometer una inversión récord en digitalización y modernización de los Centros de Comunicaciones que gestionan las 357 cámaras de videovigilancia y sistemas OCR distribuidos por la ciudad, y renovar la flota de coches patrulla, furgonetas y motocicletas.
El impacto de estas medidas comienza a reflejarse en los datos. Por primera vez en el municipio, la cibercriminalidad ha descendido, con una reducción del 7,3% en estafas informáticas y del 1,7% en el resto de delitos. Las cifras de criminalidad correspondientes a 2025 confirman una evolución positiva de la seguridad, especialmente en aquellos delitos que más afectan a la vida cotidiana de los vecinos, según los datos del Ministerio del Interior.
Con la puesta en marcha de la Oficina Antiocupación, el Ayuntamiento consolida una estrategia integral orientada a proteger el patrimonio de los propietarios, reforzar la convivencia y preservar la calidad de vida que define a la ciudad.